El sueldo de nuestros gobernantes

En las últimas horas trascendió que un empleado de la oficina de ANSES había sido despedido por consultar en el sistema informático de la dependencia el número de CUIL del intendente Víctor Aiola, y que información que allí estaba disponible luego fue publicada en redes sociales.

Esos datos, que tenían que ver con los ingresos declarados por el jefe comunal, nunca fueron publicados por ningún medio de comunicación formal. No obstante, sí circularon por distintas redes sociales y servicios de mensajería.
El trasfondo de todo esto, tal vez haya sido dar a conocer el sueldo que percibe el intendente con una intencionalidad política.
Lo cierto es que los haberes públicos de un funcionario público no deberían ser un misterio y mucho menos, un secreto.
Como ejemplo, este jueves, el diario La Nación, publicó en su sitio de Internet el sueldo de bolsillo de la gobernadora María Eugenia Vidal (72.145,54 pesos), sus ministros (75.637,86 pesos), el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (55.798,36 pesos), y del presidente Mauricio Macri (130.000 pesos).
Según este multimedios, consiguió las cifras luego de que una de sus secciones -La Nación Data-, hiciera un “pedido de acceso a la información”. Si esto es correcto, no hubo que presentar un amparo, o apelar a una corte internacional. Simplemente fue un trámite, que seguramente debió respetar ciertos pasos y tiempos.
Cabe preguntarse si hoy cualquier periodista o vecino de Chacabuco o de cualquier otro distrito a la redonda quisiera saber cuánto gana no sólo el intendente sino alguno de sus secretarios, puesto que son empleados públicos y se deben a su comunidad, si existe un procedimiento tan sencillo como el citado.

Parece que no.

Seguramente un funcionario público que esté en el gobierno, merece una remuneración justa en relación a la responsabilidad que tiene y por la labor que debe cumplir. En el caso de los que detentan el Poder Ejecutivo, hay que tener en cuenta que han sido puestos en el lugar un poco por su voluntad, pero sobre todo por la de aquellos que los votaron.
Hay que entender que toda persona tiene derecho a la privacidad, pero en el caso de las personas públicas, podrían existir excepciones si lo que está en juego es el interés público.
Obviamente, toda funcionario puede tener una parte de sus ingresos que provengan del sector público y otra de su actividad en el sector privado. La revelación de esos datos podría poner en peligro su integridad física o el de su familia o personas cercanas, por lo que hay que tener en cuenta ese tipo de posibilidades a la hora de dar una información del citado tipo.
Al parecer, al empleado de la ANSES lo despidieron por haber abusado de una facultad que tenía, y porque su accionar quedó registrado en una computadora. Se sabe que en la actualidad hay gestiones para que se le pueda dar la posibilidad de apelar la medida, dado que parece que no se realizó un sumario administrativo, o que el castigo sea diferente. No debe ser algo grato quedarse sin trabajo en estos tiempos.
No obstante, se agradecerá el día en el que los funcionarios puedan mirar a los ojos a la comunidad y decirle cuánto ganan sin ponerse colorados.