El legislador en cuestión se llama Guillermo Castello. En su momento, 2017, pleno gobierno de María Eugenia Vidal, fue el único que se opuso a la sanción de la ley 14.910, que dispone incorporar "de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".
Según declaraciones de Castello consignadas por Perfil, esta normativa "congela la historia, viola la libertad de expresión, genera discusiones entre los argentinos e impone una verdad totalitaria".
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