En la zona: Novedades en caso de extorsión, explotación de la prostitución y abuso sexual

La fiscalía general dio a conocer que  Jorge Marcelo Celentano Arce,  se negó a declarar. Se trata del preso que está acusado de hacerse pasar por el Juez Federal Noberto Oyarbide y generar distintas situaciones que terminaron con el abuso sexual de una mujer policía. Todo, desde una celda de una cárcel un penal de Junín.

Celentano Arce tiene 48 años y actualmente está alojado en el penal de Sierra Chica, donde fue trasladado al descubrirse todo el asunto.Actualmente está a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°3 de Lomas de Zamora. Está acusado de "extorsión y explotación de la prostitución agravada (rufianería), en concurso real (arts. 168, 127, segundo párrafo,inc. 1ro y 55 del Código Penal), en la causa principal,  y de los delitos de extorsión (autor); abuso sexual simple (autor mediato); abuso con acceso carnal, dos hechos (autor mediato), todo ello en concurso real (arts. 168, 119 párr. primero, 119 párr. tercero y 55 del Cód. Penal), en la causa agregada",

La investigación está siendo dirigida por la fiscal Vanina Lisazo, y el detenido hizo uso del derecho a no declarar, en la sede la fiscalía descentralizada de Olavarría.

Dijo la fiscalía general de Junín; "La investigación en torno a tales hechos, dió inicio en el ámbito del departamento judicial Junín,  el 16 de octubre de 2015, a partir de una denuncia efectuada ante funcionarios judiciales, y como resultado de las diligencias llevadas a cabo con la participación de personal de la Ayudantía Fiscal en delitos conexos a la Trata de Personas y Ciberpedofilia, de instructores del Cuerpo para apoyo en Investigaciones Complejas y el Área de Tecnología y Gestión para la Investigación, dependientes de la Fiscalía General, se estableció que desde su lugar de alojamiento en la Unidad Penitenciaria 13 sita en Junín, y valiéndose de telefonía celular, Celentano Arce efectuaba comunicaciones con diferentes personas, algunas de ellas funcionarios policiales,  simulando ser autoridad pública, obligaba a terceras personas de sexo femenino a entregar cosas materiales de valor pecuniario en su favor, como así también, -y por la misma vía de comunicación-, a través de coacción y amenazas,   obligaba a terceras personas a mantener encuentros con aquéllas,  siendo alguno de ellos de naturaleza sexual, a los que accedían en el convencimiento de estar cumpliendo órdenes de una autoridad pública judicial, que obviamente eran inexistentes".
"Asimismo, se agregarán a la investigación que lleva adelante la UFIJ N° 6 las correspondientes a otros tres hechos de similares características, iniciadas oportunamente por ante los departamentos judiciales de San Marín, Mercedes y Pergamino".

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