jueves, 13 de octubre de 2016

Piden que se investigue como femicidio el crimen de Lucía Pérez


(Gacetilla de prensa) Con el objetivo de que se tomen todas las medidas necesarias para que dejen de producirse hechos de discriminación y violencia contra las mujeres, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, pidió que se investigue bajo la figura penal del femicidio el crimen de Lucía Pérez, ocurrido recientemente en Mar del Plata.



El requerimiento del Observatorio de Violencia de Género (OVG) tiene que ver con la necesidad de que se respete lo que establece en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal respecto a este tipo de homicidios.
A su vez, el OVG presentó un informe dirigido a la fiscalía interviniente, con el que solicitó que se dispongan las medidas judiciales necesarias para establecer las responsabilidades penales que correspondan a quienes hubieran tenido participación, no solo en la comisión de los hechos sino en los actos previos y posteriores.
El Observatorio  considera que la Justicia debe tener en cuenta distintos parámetros para encuadrar esta muerte como un femicidio: los actos previos tendientes a establecer el encuentro con la víctima y anular su voluntad y capacidad de reacción, que la colocaron en una situación de completa indefensión; la modalidad de comisión de los hechos con la participación de varias personas y la intención deliberada de provocarle un máximo sufrimiento mediante la utilización de elementos introducidos en su cuerpo; y los actos posteriores a la comisión del femicidio, como el lavado del cuerpo y su traslado a una sala de salud.
Además, el OVG pidió que los organismos dependientes del Estado nacional y provincial garanticen el acompañamiento efectivo a los familiares y la definición de políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres.
“Cada nuevo hecho de violencia, cada nuevo femicidio exige no solo la responsabilidad activa del Estado para investigar y sancionar judicialmente los delitos cometidos, sino también la obligación de generar políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres”, reflexionó el secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores.

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