lunes, 1 de diciembre de 2014

Entre 60 y 70 casos de violencia familiar por mes


En la Comisaría de la Mujer y la Familia se trabajan entre 60 y 70 casos por mes. La mayoría son denuncias nuevas y vinculadas con violencia de género, según lo informado por la subcomisaria, Daniela Montes, que está a cargo de la dependencia, que también se refiere al bullying y al control de las medidas de exclusión dispuestas por la Justicia para separar a víctimas de victimarios.

–¿Cómo evalúa estos cinco años de trabajo?
–El espacio está, es reconocido e identificado. Nos hemos mudado a Pueyrredón 238 hace dos meses y medio. Cuando nos mudamos pensamos que a la gente le iba a costar acomodarse al nuevo lugar, pero no fue así. El 95 por ciento de las denuncias que tomamos está relacionado con violencia familiar, el resto son delitos contra la integridad sexual o vinculados con el régimen de visitas y demás.

–Con el paso del tiempo, ¿aumentó la cantidad de denuncias que reciben? 
–Tenemos 60 o 70 casos por mes trabajados. Son casos que en un porcentaje bajo ya venían siendo trabajados, pero el mayor porcentaje son nuevos, es gente que nunca vino a denunciar y se acerca. El análisis que uno hace es que en el último tiempo la violencia se instaló como problemática en los medios de comunicación, en lo social, en áreas como salud, educación y en el área social de la Municipalidad. Luego toman casos y ahora tienen un medio para judicializar la problemática y de esa manera buscar medidas cautelares y acomodar el problema que se plantea a través de una denuncia. El tema de la violencia siempre estuvo en la sociedad, pero antes de eso no se hablaba, era una cuestión de puertas para adentro. Lo sigue siendo, pero ahora la gente se compromete. Quienes trabajamos en el Estado tenemos la obligación de intervenir sobre esos casos. A veces uno recibe de mucha gente, vecinos o a través de instituciones escolares, inquietudes y demás a partir de las que se trabaja. Cuando arrancamos la problemática era nueva para trabajar en Chacabuco de una manera diferente, es algo específico. Esa cuestión lleva a que el espacio que está para esa problemática tenga un abordaje y un enfoque mucho más concreto.

–¿Han aumentado los casos de violencia con el paso del tiempo?
–No sé si aumentan; en la evolución hay muchos casos que se solucionan, otros que no y otros que quedan en la mitad. Sabemos que la persona que se acerca a denunciar un caso, por ahí se arrepiente o retoma la relación. Marcamos el antecedente pero después cuesta seguir trabajando con esos.

–¿Cómo se lleva a cabo el control de una medida de exclusión por violencia?
–En realidad lo que hace el Juzgado es disponer el perímetro de exclusión, notifica a quien no debe acercarse y a quien está beneficiado con la medida. Son medidas por un tiempo específico, no se prolongan, son de 30, 60 o 90 días, depende del antecedente que se haya registrado o la índole de la problemática. ¿Si hay personal que controle el cumplimiento de la medida? No hay. Si nosotros trabajamos 60 o 70 denuncias por mes, salen 60 o 70 perímetros que se suman a los que están vigentes. Establecer un control personalizado es casi imposible, lo que siempre se sugiere al beneficiado es que ante cualquier eventualidad llame al 101, o si el que violó el perímetro se acercó y por la intervención de un tercero se fue, que lo venga a denunciar porque esto configura un delito que se llama desobediencia de una orden judicial. Lo que se hace, si el móvil va al lugar y la persona está allí, se la aprehende para que quede demorada por el mismo delito.

–¿No intervienen en casos de acoso escolar o bullying?
–La violencia escolar es un problema que trabaja la escuela con sus equipos. Si hay un delito dentro de esa configuración lo denuncian en la otra comisaría. Generalmente, la escuela trabaja con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Estamos hablando de menores de 18 años, por ahí instar una medida judicial entre dos menores no soluciona el problema de fondo desde ver qué es lo que pasa y por qué se origina esta situación. Obviamente, si se acercan acá los vamos a orientar y decirles lo que tienen que hacer, pero lo que hay que hacer es trabajar con los profesionales que se especializan en menores para revertir esta situación. Si hay gente lastimada y hay cuestiones que no se solucionan con los equipos, no queda otro recurso que la instancia judicial, pero en lo casos de bullying siempre se trata de que la instancia judicial sea la última porque no ataca al problema de fondo que es ver y analizar por qué los chicos se comportan de una determinada manera, o el origen de la problemática. Eso no le corresponde a la parte judicial, lo tienen que hacer los profesionales que a diario tratan con menores.

–¿Qué pasa con la víctima de violencia de género cuando radica la denuncia pero convive con la parte agresora?
–Siempre que viene una persona que convive con aquella otra a la que denunció, tratamos de evitar por todo los medios que vuelva a la casa. Siempre acudimos a algún vínculo familiar, a un amigo, a un tercero, que la pueda contener en ese momento y asumir la contención hasta tanto el Juzgado resuelva qué va a pasar. Mientras se toman esas decisiones, tratamos de que la persona nunca vuelva a la casa. Es hasta contraproducente, la persona denunciada sabe que se fue con un móvil a la comisaría y va a estar esperando no con las mejores intenciones. La idea es ubicar a un familiar o a una amiga que pueda recibirla en ese momento. Tenemos casos de mujeres que han venido de otras provincias o de otros países y no tienen a nadie, verdaderamente no tiene recursos. Lo que se hace trabajar con el servicio local para ver cómo, a través del área social del Municipio, se las puede ubicar, sea la hora que sea.

(Entrevista realizada por Cristian Otegui que fue publicada en la edición del domingo 30 de noviembre del 2014 del Diario De Hoy de Chacabuco)

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