Quita de pensiones a discapacitados: Repudio y pedido de solución

Gen. (Gacetilla) Ante la intempestiva decisión del Poder Ejecutivo Nacional de recortar la asistencia económica a personas con discapacidad, el Concejal del GEN, Alberto Limia, presentó en el día de la fecha un proyecto de resolución, mediante el cual le solicita Señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, intervenga ante dicha  situación con miras de garantizar la debida asistencia social a todas las personas con discapacidad que habiten el territorio nacional. En el mismo sentido, el edil le solicita al Señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, arbitre los mecanismos pertinentes y disponibles como órgano de garantía incluido en la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de mediar y asegurar el ejercicio de los derechos a todas las personas con discapacidad que habiten el territorio provincial.
A partir del mes de junio, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social ha decidido aplicar el decreto N° 432 del año 1997, que impone numerosas exigencias y   condiciones, a quienes pretendan acceder a una pensión graciable. La aplicación de esta norma en relación a beneficios graciables existentes, constituye un grave error, ya que reduce la asistencia a personas con capacidades diferentes, solo a casos de “extrema indigencia”; contradiciendo leyes sancionadas y tratados internacionales suscriptos por nuestro país, con posterioridad a la promulgación del decreto citado.
Entre estos, merece destacarse la Convención Internacional de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, originada en las Naciones Unidas, destinada a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Dicho instrumento internacional fue aprobado en 2006 por la comunidad internacional, y ratificado por nuestro país en el año 2008 por Ley N° 26.378, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no como meros objetos de asistencialismo.
Sin dudas, una política de estado como la asistencia a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, no puede gestionarse con medidas intempestivas, como la descripta y menos aún puede aceptarse que desde el Ministerio de Hacienda se pretenda imponer recortes a la atención de sectores vulnerables, con el mero objetivo de achicar el gasto público para cumplir metas fiscales.
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FR. (Gacetilla) En vistas de la medida descabellada que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación,

dando de baja pensiones a personas con capacidades diferentes, y viendo que se quitan beneficios a los más necesitados, es que el concejal massista Hugo Moro presentó un proyecto de resolución donde, se solicita "Dirigirse a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para repudiar la medida tomada para dar de baja pensiones por invalidez en todo el territorio nacional, en aplicación del decreto 432/97, argumentado que dicha medida indiscriminada también afecta la calidad de vida de nuestros vecinos, al dejarlos desprotegidos sin un ingreso que representa, en muchos casos, el único dinero que disponen para poder subsistir"

Durante este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión; ello está dejando a miles de beneficiarios desamparados, por no cumplir con requisitos muy cuestionables.
Desde el Frente Renovador se destaco que lo único que le interesa al Gobierno de Cambiemos es reducir el déficit fiscal, y que por ello quitan beneficios para los que más lo necesitan como las personas con capacidades diferentes.