A lo largo de este viernes se conocieron más datos sobre la denuncia que radicó el ex legislador provincial Rubén Darío Golía contra el actual intendente Víctor Aiola, miembros de su gabinete y colaboradores. Se trata de establecer si el Jefe Comunal organizó una asociación ilícita para generar pruebas falsas que incriminen a un opositor como Golía de determinados delitos.
Lo primero que hay que saber es que se basa sobre otra denuncia que radicó el abogado Hernán Sibiglia que incluye grabaciones de conversaciones con funcionarios y otros denunciados. Lo cierto es que Sibiglia es el mismo abogado que hace unos meses representó a un vecino de oficio gomero que quiso reabrir una causa contra Golía. Luego de que la Justicia determinara que no se reabriría el caso, Sibiglia abría aportado documentación al actual gobierno que podría permitir otras investigaciones por facturación apócrifa.
Lo segundo es que Golía acusa a Aiola y sus colaboradores de falsificar una factura, de retirar documentación oficial del Palacio Municipal, de incumplir los deberes de funcionario público, y de organizarse junto a vecinos para armar una asociación ilícita.
Lo tercero es que se está sosteniendo que alguna de las denuncias contra Golía que en su momento planteo el actual gobierno, es falsa porque se basa en documentación apócrifa.
Lo cuarta, es que se involucra a dos funcionarios, la contadora Patricia Navone, y el asesor municipal Agustín Máspoli, al que algunos periodistas llaman "Stiuso" en referencia al conocido ex agente de contra inteligencia argentina, y a dos vecinos, Diego Gianni trabajador gráfico, y Leandro Di Pinto, hombre cercano al círculo íntimo político de Aiola al que se lo conoce como "Cachete".
Lo quinto, existe la posibilidad de que alguno de los investigados vaya preso.
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